Aunque recién a partir de fines de noviembre se conocerán los primeros indicadores oficiales, y con ellos el verdadero impacto de la crisis social y política que estalló hace más de cuatro semanas, las estimaciones de los expertos no son optimistas.

Todo señala que datos sectoriales de producción y ventas, como los del comercio y la construcción, así como el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de octubre, que entrega el Banco Central, confirmarán los malos augurios.

“Lo más probable es que ese dato sea negativo, que muestre menos actividad que en igual mes que el año anterior, siendo que las proyecciones que existían antes de todo esto eran de un crecimiento de más del tres por ciento”, dice a DW el economista Tomás Flores, del centro de estudios Libertad y Desarrollo.

La cientista social alemana Kirsten Sehnbruch, por su parte, observa que todavía es difícil predecir el costo real de la crisis. En todo caso, la investigadora del London School of Economics afirma, en diálogo con DW, que “las inversiones están estancadas completamente y el crecimiento también”.

No obstante, los expertos coinciden en que, a diferencia de otros países en conflicto en la región, en Chile la fortaleza de las instituciones será un factor positivo para amortiguar los efectos de la crisis.

“La situación económica que atraviesa el país es difícil”, reconoció el ministro de Hacienda Ignacio Briones al actualizar el escenario macroeconómico y fiscal ante el Congreso, con miras a la discusión del presupuesto.

En opinión de Sehnbruch, hay que ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos. “Puede seguir habiendo incidentes. Y tampoco ayudan anuncios como el del supermercado Walmart, de ir a juicio contra el Estado chileno, por no garantizar este el orden público”.

Millonarias pérdidas. Las condiciones de estabilidad de las que se enorgullecía el presidente Sebastián Piñera, refiriéndose a Chile como un oasis dentro de Latinoamérica, cambiaron abruptamente. Uno de los servicios más afectados ha sido el de transporte. En Santiago, el tren subterráneo Metro sufrió actos vandálicos nunca vistos, como la quema de estaciones y trenes. Las últimas evaluaciones hablaban de 370 millones de dólares en pérdidas que, al no tener seguros comprometidos, serán de cargo fiscal.

La empresa estatal informó que tenía operativo el 69% de las estaciones y el 83% de kilómetros de la red. Grupos vandálicos además han quemado buses y tiendas, saqueado supermercados, destruido oficinas públicas y privadas, e incluso incendiaron la sede de una universidad.

“La destrucción de bienes de capital, infraestructura y maquinaria va a afectar los índices de producción, y su reconstrucción va a requerir de una gran cantidad de dinero”, advierte Flores. El golpe lo han sentido especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes). La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) calculó pérdidas por más de US$1.400 millones en destrucción, saqueos y disminución de las ventas. Los días de mayor peligro, muchos negocios se mantuvieron cerrados o abrieron apenas algunas horas.

Según la CCS, “las ventas del comercio cayeron un 10% anual desde el 18 de octubre. Las de turismo y entretención lo hicieron en un 36%”. La cancelación de las grandes cumbres previstas para noviembre y diciembre, la APEC y la COP25, tuvieron un duro impacto en la imagen internacional de Chile, así como en el sector turismo y de servicios, que contaba con la llegada de numerosas delegaciones.

“El 46% de las empresas del sector consultadas por la CCS ha sufrido daños directos, y la totalidad ha enfrentado costos por menores ventas. En algunos segmentos la situación es dramática, afectando su viabilidad económica, y las fuentes laborales de sus trabajadores”, señala una declaración de la entidad. El gobierno estima en 6.800 las pymes afectadas, para las cuales abrió un fondo de financiamiento, que entrega desde 500 mil hasta cuatro millones de pesos a cada una de las pequeñas y medianas empresas, a fin de que puedan reparar sus locales, reponer mercadería o contar con nuevo capital de trabajo.

Efectos financieros. La crisis también se ha reflejado en variables financieras. El dólar llegó a un valor histórico de 803 pesos chilenos y paulatinamente ha ido retrocediendo, pero no ha vuelto al nivel anterior al inicio de la crisis, que era de aproximadamente 730 pesos, gracias también a la inyección de US$4.000 millones del Banco Central. La bolsa cayó cerca de 13%. El viernes pasado había recuperado cerca de 8%, pero todavía es más baja que el día anterior a la crisis.

El gobierno confía en que, en la medida que el país vuelva a la normalidad, la actividad económica debería recuperase, entre otras cosas, gracias a que las cuentas fiscales estaban ordenadas y el país disponía de ahorros.

Sin embargo, la crisis ha impactado a un país que venía cargando con la desaceleración, al igual que el resto de América Latina. La deuda pública, si bien es más baja que otros países de la región, subió en los últimos cinco años desde el 14% a un 28%, “lo que limita acceder a endeudamientos que pudieran llevar a satisfacer todas las demandas simultáneamente”, dice Flores.

A los costos de la crisis se sumará en el 2020 la agenda social propuesta por el gobierno, por un monto de 1.272 millones de dólares, que se destinarán a pensiones, salud, ingreso mínimo y plan de reconstrucción.

Las estimaciones preliminares del Ministerio de Hacienda indican que el crecimiento del PIB en el 2020 será menor que lo previsto hace algunos meses, ubicándose entre 2,0% y 2,5%, como consecuencia de un deterioro del consumo y la inversión privada.

¿Y el futuro? Aunque el clima de violencia ha disminuido, las movilizaciones y huelgas continúan, y aún se registran hechos vandálicos. Algunos aspectos son difíciles de cuantificar: “Hay un daño intangible a la imagen de Chile en el mundo”, apunta Kirsten Sehnbruch.

“Por el alto nivel de violencia que se ha visto, por los saqueos y la quema del metro, estas protestas han generado un nivel de consternación tanto nacional como internacional. Un cuestionamiento sobre qué le pasa a Chile, a lo que se suma la cancelación de eventos como la COP25 y la APEC”, agrega la experta.

“Esta incertidumbre ha llevado a que varios proyectos de inversión, tanto de personas como de empresas, probablemente van a esperar un tiempo hasta tener más información sobre lo que va a ocurrir el próximo año”, corrobora Flores.

¿Puede resistir la economía chilena las pérdidas asociadas a la crisis y enfrentar el mayor gasto social? Flores estima que “si se hace con gradualidad, es posible. Pero si se trata de expandir el gasto público en todas las direcciones en que está siendo tensionado, evidentemente no”.

No obstante, los expertos coinciden en que, a diferencia de otros países en conflicto en la región, en Chile la fortaleza de las instituciones será un factor positivo para amortiguar los efectos de la crisis.