November 6th, 2016 for El Mercurio by Nieves Aravena E.
Será la primera tarea de los jefes de municipios en 2017. Tendrán que presentar al concejo su propuesta de reestructuración de plantas, que regirá por ocho años, desde 2018. Podrán crear cupos, con la exigencia de que hasta el 75% sean para profesionales. Expertos advierten sobre riesgos de norma que eleva tope de recursos para contrataciones, desde el 35% al 42% de los ingresos. NIEVES ARAVENA E.
A todas luces, muy poco se parecen el municipio de Río Ibáñez, en la Región de Aysén, con el de Providencia o Santiago, en la Región Metropolitana. Ni en tamaño ni en los ingresos ni en el tipo de servicios y necesidades sociales de sus habitantes.
Sí tienen en común que, desde 1994, en sucesivos gobiernos, el nivel central mantuvo congeladas las plantas de personal municipal, definidas con criterios lejanos.
Ahora les toca por primera vez a los 345 alcaldes que asumen el nuevo periodo-74% de ellos en continuidad- pasar la prueba de la descentralización, con el debut de la ley 20.922, de Fortalecimiento de la Gestión y Profesionalización del Personal Municipal, conocida como “ley de plantas”. Se trata de la primera reforma descentralizadora, promulgada en mayo pasado, y que comenzó a aplicarse con el pago de asignaciones profesionales y una mejoría de sueldos, cubiertas con un aporte fiscal extra al Fondo Común Municipal de $48 mil millones.
A las autoridades comunales se les ha transferido el poder, que antes residía solo en el Ejecutivo, para que puedan definir su estructura de personal municipal, acorde con las necesidades locales. Esto incluye la opción de crear cargos nuevos en la planta, con la exigencia de que el 75% de ellos sean para profesionales, de educación superior técnica o universitaria.
Pero, según la ley, los alcaldes no podrán tocar los cargos actuales y tendrán que escuchar a los funcionarios previo a llevar una propuesta al concejo, la que debe aprobarse con un quórum de 2/3. Será el trabajo que comenzarán en 2017, ya que las 345 plantas rigen a partir de enero de 2018.
MUNICIPIOS CON BAJA PROFESIONALIZACIÓN
Las nuevas plantas, que se revisarán cada ocho años, permitirán conocer la cantidad real de funcionarios municipales, lo que según el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, es hoy “una pieza oscura” (ver recuadro). Y además, se espera que propenda a “profesionalizar” la gestión.
El último estudio de capital humano de la Escuela de Gobierno Local (EGL)-vinculada a Asociación de Municipalidades de Chile- revela que la tasa de profesionalización de los municipios chilenos es de 29,3% en promedio, con 189 de las 345 instituciones comunales bajo ese nivel, mientras en el sistema público central dicha tasa es de 44%. El investigador Roberto Lagos explica que es un tema estructural de años, porque los municipios han estado “frenados” y se han visto obligados a recurrir a contratos de profesionales a honorarios para atender sus requerimientos.
Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la U. Católica, está optimista respecto del aporte de esta nueva ley, al incorporar a funcionarios más calificados. “Los municipios requieren capacidad profesional para formular proyectos que postulan a fondos de inversión pública”, plantea.
En profesionalización, respecto de la OCDE, “estamos mal”, advierte Kirsten Sehnbruch, directora del Instituto de Políticas Públicas de la U. Diego Portales. Y remarca que en países desarrollados existe el “Civil Service”, donde se da una formación especializada de alto nivel a los funcionarios públicos, a diferencia de lo que ocurre en Chile, en que no hay una formación adecuada ni una carrera, “con calificaciones certificadas, que se puedan asociar a sueldos”.
Para la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) esta ley, si bien es positiva, permitirá “resolver parcialmente” las carencias de personal municipal. Marcelo Segura, asesor legislativo de la entidad, afirma que no solo se requieren más profesionales, sino también personal de otros estamentos, como auxiliares para recolección de basuras y mantención de áreas verdes, tareas por las cuales los municipios pagan caro a externos ante la escasez de funcionarios propios.
MÁS ESPACIO PARA ELEVAR EL GASTO
La nueva ley permitirá gastar hasta el 42% de los ingresos municipales en contrataciones de planta. Elevó el tope, que antes era de 35%. Y en el caso de los contrata, desde el equivalente al 20% del gasto en planta a 40%.
Los gastos en personal municipal en las distintas categorías (planta, contrata, honorarios y otros) solo han ido en ascenso en los últimos cinco años. Los contrata subieron 74% y los honorarios a 51% (ver gráfico).
Entre los expertos hay críticas hacia el mayor límite. Según Bettina Horst, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), al aumentar el tope “se entrega a los municipios un espacio para que aumenten las remuneraciones y su gasto en personal, lo que no necesariamente se va a traducir en mejores servicios a la comunidad”.
Coincide Esteban Valenzuela, ex presidente de la Comisión de Descentralización del Gobierno y académico de la U. Alberto Hurtado. “Que hayan elevado hasta un 42% el gasto en personal es un escándalo. Debió haber bajado de 35% a 30%, para obligar a los municipios a ser más eficientes con los recursos”. Dice que hay 30 municipios con baja población, que podrían ser administrados por otros, sin aumentar gastos en el sector.
En la AChM, en tanto, creen que habrá un impacto inicial en el gasto en personal a contrata, que se reducirá por la incorporación de personas a nuevos cargos. Y pronostican que este ítem puede crecer en los ocho años de vigencia, un plazo que estiman excesivo.
Otro riesgo: el “pituto”
Otro flanco que preocupa es cómo se garantizará un acceso transparente a cargos. “Es sabido que los puestos de muchas municipalidades se consiguen por contactos. En regiones y localidades pequeñas el riesgo es mayor”, dice Kirsten Sehnbruch, de la UDP, y sugiere velar por que “la vía de contratación sea por concursos y no por pitutos”. Sugiere comités de búsquedas por servicios de fuera de la región y que se firmen declaraciones de parentescos y conflictos de interés.
Concuerda Bettina Horst, de LyD, quien echa de menos que la reforma municipal no haya establecido por vía legislativa un mecanismo tipo alta dirección pública para la selección de personal idóneo.
Sistema será “muy vigilado”
Roberto Lagos, de EGL, destaca que la ley garantiza un sistema “muy vigilado”, ya que otorga a la Subdere un nivel de fiscalización mayor, aunque ello atente contra la autonomía que tenían los municipios.
Para Ignacio Irarrázaval, de la UC, aparte del quórum del concejo, la disponibilidad presupuestaria y los límites al gasto, hay un mecanismo de control importante en la propia ley, pues “se establece la figura de notable abandono de deberes para alcaldes y concejales si la proyección de ingresos y gastos se determinó con negligencia inexcusable”.
Según LyD, es esencial que la Subdere, además de publicar contrataciones, genere indicadores para saber en qué se están gastando estos recursos públicos. Así los ciudadanos podrán contar con información útil para evaluar si el alcalde y el concejo hacen un buen uso de las nuevas atribuciones.
Señales
17,4% es la tasa de profesionales en la planta del municipio de Santiago.
26,4% es la proporción en Las Condes.
29,3% es el promedio de profesionalización en el país. Bajo esa tasa hay 189 municipios.
Maipú, Viña del Mar y Puente Alto son los municipios con más funcionarios a honorarios.